May-19-05 - por Ricardo Bajo H.*

La ley sobre Recursos Hídricos, conocida como Ley de Aguas, ha conseguido dividir a Ecuador. Por un lado, el Gobierno que asegura defender el agua como derecho humano fundamental y por otro, comunidades indígenas y campesinas que creen que la ley traerá su privatización.

El agua no puede ser vista como un negocio. “Es un derecho humano fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. Así lo dice el artículo 12 de la nueva Constitución de Ecuador, la de Montecristi, aprobada en septiembre de 2008 por amplia mayoría, al igual que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Hasta ahí todos de acuerdo, pero cuando el gobierno de Rafael Correa ha querido aprobar una ley de Aguas se ha desatado la polémica.

Para los indígenas y campesinos (el 35 por ciento de la población) agrupados en la Conaie (Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador), la ley de Recursos Hídricos traerá la privatización del agua pues las comunidades perderán el control de las fuentes hídricas en sus territorios, favoreciendo la nueva la legislación a empresas mineras y embotelladoras. “La Asamblea tiene un pacto con la derecha”, ha denunciado el presidente de la Conaie, Marlon Santi, quien también exige la reversión de todas las privatizaciones existentes.

El Gobierno considera, con el respaldo de otras asociaciones indígenas, que la Conaie miente a sus bases para acaparar el manejo del agua. “La ley de Aguas es excelente, no vamos a permitir que un grupo se adueñe del país”, ha añadido el presidente Correa.

El conflicto entre ambos bandos ha provocado marchas sobre la capital, Quito, bloqueos de tres días en el sur del país, llamamientos a la desobediencia civil y enfrentamientos con un saldo de dos policías heridos y 19 campesinos detenidos. Hasta que el pasado miércoles en la noche la Corte Constitucional de Ecuador emitió un fallo que ordena al Estado consultar con las comunidades originarias antes de poner en vigencia la normativa. La consulta demorará por lo menos seis meses y todas las comunidades serán informadas y consultadas. Así se espera que las “aguas” bajarán más tranquilas que en estos días cuando incluso las autoridades han llegado a decir que “el interés de los indígenas es voltear al Gobierno”, según Orlando Pérez, viceministro de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.

Uno de los puntos de divergencia entre el Gobierno y los indígenas se refiere a la concentración del agua. El 1 por ciento de los agroexportadores y grandes latifundistas controlan el 70 por ciento del agua, mientras que el 80 por ciento de los campesinos sólo tiene acceso al 12 por ciento.

La segunda arista de la pelea, aparte de la inequidad a la hora de acceder al agua, es el uso por parte de las empresas mineras y de banano, ambas grandes consumidoras de agua en Ecuador. Existen estudios que demuestran que la contaminación que provoca la minería existente se extiende peligrosamente por la costa ecuatoriana, llegando incluso al norte del Perú. Y que parte de las plantaciones de banano estarían contaminadas por mercurio y otros elementos, afectando a plantaciones de cacao y a la acuacultura.

Los indígenas y sectores intelectuales piden que la futura ley impida la contaminación del agua, al tiempo que se proceda a la remediación de las fuentes de agua contaminadas. La ley de aguas debería prohibir, a su juicio, actividades mineras en los alrededores de las fuentes de agua y debería también obligar a cualquier interesado en explotar recursos minerales a que, en forma previa, demuestre que han manejado explotaciones similares sin contaminación del agua durante la explotación y hasta al menos diez años después del cierre de las minas. Basándose en auditorias del agua y sobre todo en una serie de principios fundamentales como la plurinacionalidad, el Buen Vivir o “sumak kawsay” y los Derechos de la Naturaleza, contemplados en la nueva Constitución ecuatoriana. En el fondo del debate aparece, como en Bolivia, el dilema entre minería y Pachamama, entre extractivismo y medio ambiente, entre desarrollismo y equilibrio con la naturaleza, entre “vivir bien” y la necesidad de recursos para financiar al nuevo Estado y su gasto social.

Debates que no afrontan en su justa medida y que dejan siempre sin respuesta la pregunta que Evo Morales se hacía recientemente en una entrevista a Fernando Bossi en la edición boliviana de Le Monde Diplomatique: “Algunos dicen no al petróleo y la minería, pero entonces ¿de qué va a vivir Bolivia?”.

Mientras la ley de aguas se debate, la empresa Interagua de Guayaquil, que privatizó el servicio de agua en la capital económica del país, ha conseguido la ampliación de su concesión en contra de los resultados negativos de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado.

*Artículo publicado en el semanario PULSO de Bolivia