La crisis del federalismo argentino
Rosendo Fraga
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Por Rosendo Fraga* (Abr-24-02)

La crisis que se está plateando a nivel provincial por un lado y el creciente rol asumido por los gobernadores en las negociaciones con el FMI, hacen conveniente reflexionar sobre la vigencia del sistema federal argentino.

Este no sólo es una forma de organización político-institucional, sino que es también la resultante de un proceso histórico cultural.

En realidad, el federalismo argentino fue una síntesis entre el modelo unitario y la confederación. Cuando en la reforma constitucional de 1860, Mitre impone el cambio de denominación de Confederación por el de Nación, no es un simple juego de palabras, es la definición de un sistema federal, en el cual la unidad nacional prima sobre las provincias.

Comparando otros sistemas federales del continente, puede decirse que los Estados Unidos muestran el mayor grado de federalismo, con una fuerte autonomía de sus estados. Sigue el sistema federal brasileño, con menor grado de autonomía que el norteamericano. En los hechos el sistema mexicano, tiene un menor grado de autonomía que el brasileño, pero es algo mayor que el argentino.

En la realidad jurídico-institucional, el argentino es el sistema menos federal de los cuatro, pero en la práctica concreta, en los últimos meses se ha transformado en el que otorga mayor autonomía decisional a los estados provinciales.

Fenómenos como el endeudamiento de las provincias fuera del país, la emisión de bonos que son cuasi monedas y las negociaciones provinciales directas con el FMI, muestran que en los hechos las provincias han aumentado sensiblemente su autonomía decisional. No se trata de un cambio jurídico-institucional, sino de una práctica política derivada de la debilidad del liderazgo político nacional, que ha implicado un débil ejercicio del Poder Ejecutivo por parte de los últimos presidentes.

En mi opinión, no veo realista ni conveniente la supresión del régimen federal argentino. Ello implicaría un cambio no sólo en el sistema jurídico-institucional, sino también un conflicto con la tradición histórico-cultural que el país no está en condiciones de afrontar en este momento.

A partir de esta posición, no me parece viable la supresión de las actuales provincias ni la creación de nuevas a partir de municipios-provincias.

Los inconvenientes que crea el régimen federal, derivan más de la práctica política que del régimen en si mismo.

Si el problema es el gasto provincial, éste puede reducirse sin cambiar el régimen. Bastarían decisiones del Ejecutivo que impidieran el endeudamiento provincial y la emisión de bonos y eso ya sería suficiente para forzar el ajuste del gasto en cualquier provincia. Si el Ejecutivo no lo ha hecho, no es porque le falten instrumentos o capacidades, sino porque ha carecido de voluntad política.

Paradójicamente, la mayor autonomía fáctica de las provincias, se dio desde que rige la nueva Constitución Nacional sancionada en 1994. Esta debilitó el federalismo, al eliminar el Colegio Electoral e incorporar el tercer senador entre otras disposiciones.

Pero fue la práctica política, la que amplió el contenido de decisiones concretas de las provincias.

Dentro de cada provincia, parece razonable una reestructuración del régimen municipal, pero la misma debe realizarla cada provincia de acuerdo a sus necesidades. En algún caso, como los grandes municipios, parece razonable darles mayor autonomía. En otros, como los municipios chicos, parece sensato, su reducción, reagrupamiento o incluso eliminación.

Con este mismo sistema federal, establecido a partir de la Constitución Nacional de 1853, la Argentina tuvo un largo período de crecimiento económico, bienestar social y estabilidad político-institucional.

Pero ello fue partir de un liderazgo político nacional fuerte, que ejerció en plenitud las atribuciones que la Constitución Nacional otorga al Presidente por encima de las provincias.

Con cambios en la práctica política, mayor decisión del Ejecutivo en impedir el endeudamiento provincial y la emisión de cuasi monedas, se puede perfectamente forzar una racionalización del gasto provincial y municipal, sin necesidad de abrir el conflicto de eliminar el sistema federal, lo que choca con la tradición histórico-cultural.


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